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Qué está ocurriendo con los accidentes de tráfico y el nuevo baremo

Ofertas impresentables

Las compañías de seguros han conseguido influir en la redacción de la nueva ley que establece las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico, consiguiendo algunos privilegios que hasta ahora tan solo tenía la administración pública, como por ejemplo la obligatoriedad de que el perjudicado deba realizar una reclamación previa a las aseguradoras antes de poder acudir a los juzgados si no se les indemniza de manera justa. Esta reclamación es obligatoria, no admitiéndose una demanda en los juzgados en la que no se acredite que se ha cumplido con este requisito.

En principio podríamos creer que dicho privilegio tiene un sentido, y es evitar la gran litigiosidad que deriva de los accidentes de tráfico, facilitando a las aseguradoras todos los datos médicos para que pueda estudiar el asunto, incluso acudiendo a sus servicios médicos y pueda realizar una oferta justa al perjudicado, y así evitar que la solución tenga que ser judicial, lo cual sería un ahorro de tiempo y costes para ambas partes, y evitaría aumentar el colapso judicial. El plazo de espera del perjudicado es de tres meses.

Es curioso que en la exposición de motivos de la nueva ley no exista ninguna referencia a este nuevo “procedimiento”, ni al resto de cuestiones importantes contenidas en el artículo 7. Tampoco existía en los borradores y anteproyectos mención alguna. Cuentan alguno de los que fueron miembros del grupo de trabajo que elaboraron la propuesta de ley, que dicho privilegio y el resto del artículo 7 no estaban en la propuesta que los expertos elevaron al gobierno, pero que curiosamente en período de vacaciones, fue introducida en una enmienda en el senado.

Sin embargo está ocurriendo lo contrario, las aseguradoras están haciendo OFERTAS IMPRESENTABLES. Con un año ya desde que entró en vigor el nuevo baremo, desde DefendemosalAsegurado hemos podido constatar como las aseguradoras están incumpliendo de manera sistemática la nueva ley. No realizan oferta motivada, llegan a llamar telefónicamente a los perjudicados ofreciéndoles una indemnización concreta, sin informarles de sus derechos. Las aseguradoras que sí realizan oferta por escrito, lo hacen sin cumplir los requisitos del artículo 7, y en especial sin acompañar el informe médico que sus servicios periciales han emitido y que ha servido de base para calcular la indemnización. A pesar de que el articulo 37 dice expresamente que carecerá de validez la oferta que no acompañe dicho informe. Es evidente el por qué las aseguradoras no facilitan ese informe.

Es curioso que con la nueva ley, que pretendía un mejor sistema que protegiera más efectivamente a las víctimas de accidentes de tráfico, lo que está ocurriendo es lo contrario. Las víctimas están indefensas, pues no son informadas de sus derechos y se encuentran con una oferta económica que les hacen las aseguradoras, sin más información que permita conocer si aceptar la misma, saber si es justa la indemnización. Por eso más que nunca, las víctimas necesitan contar con abogado especialista en accidentes de tráfico. Las aseguradoras están ofreciendo cantidades muy inferiores a las que de verdad corresponden a los lesionados, ocultando los informes de sus médicos, o negando irectamente la oferta dando una respuesta negativa sin ningún tipo de explicación y por ello desde DA pronosticamos una mayor litigiosidad.